La diputada del grupo del Partido Socialista (PSOE) en las Cortes de Aragón, María Victoria Broto, ha alertado de que el “retroceso” en la aplicación de la ley de la Dependencia está teniendo una “repercusión importante” en el empleo y, como ejemplo, ha indicado que desde la publicación en julio del decreto que modificó esta ley, se han producido 2.689 bajas en la Seguridad Social de cuidadores en el entorno familiar en la Comunidad autónoma.
En rueda de prensa, ha lamentado que la presidenta del Gobierno aragonés, Luisa Fernanda Rudi, “esté acabando con la ley de la Dependencia”, lo que implica “dejar a personas vulnerables en la estacada” y afecciones en el empleo, y ha comentado que, en el conjunto del Estado, había en noviembre “37.000 personas en paro por la no aplicación de la ley”.
En Aragón, por provincias, las bajas en la Seguridad Social de cuidadores en el entorno familiar han sido de 508 en Huesca, 396 en Teruel y 1.785 en Zaragoza, en “muchas de ellas mujeres, que tenían garantizado su futuro” con esas cuotas a la Seguridad Social.
La diputada socialista ha argumentado que “no aplicar esta ley significa no pensar en los más débiles”, cuando con un 0,07 por ciento de incremento en el déficit “podíamos haber dado respuesta” a estas personas.
Según ha precisado, cuando el PSOE gobernaba en Aragón los beneficiarios de la ley se incrementaban en 600 al mes, pero ahora “tenemos menos beneficiarios que en 2010” ya que en diciembre de ese año había 25.437 y en diciembre de 2012 han sido 21.473. Además, entre junio 2011 y el 1 de diciembre de 2012, es decir, desde que gobierna el PP en la Comunidad, “se han reducido las prestaciones, salvo en plazas de centros de días”.
Concretamente, Broto ha dicho que hay 2.104 beneficiarios menos con derecho, 3.059 beneficiarios menos atendidos, se han reducido en 236 las personas en residencias, en 789 las que tienen prestación económica vinculada a los servicios y en 2.192 quienes reciben la prestación económica de cuidador en el entorno familiar, si bien hay 3.360 dictámenes más de los que había.
“Rudi quiera acabar con la ley de Dependencia y para eso cuenta con la complicidad” del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que cuando llegó al Ejecutivo “casi deroga” la ley de la Dependencia, con un decreto que implica que los dependientes moderados no tendrán prestación hasta julio de 2015; aumenta las aportaciones de las familias; “empeora” la atención, y reduce un 15 por ciento las prestaciones a los cuidadores familiares, que ahora “tienen que pagar la Seguridad Social”.
TASA POR REVISIÓN
La parlamentaria ha criticado que se haya prescindido de los valoradores y que la ley de acompañamiento recoja que las familias y dependientes tienen que pagar una tasa por la revisión de su caso.
Según una orden publicada por el Departamento de Sanidad, esta tasa es de 30 euros, tanto si la revisión la pide el dependiente, como si la propone la Administración, ha comentado Broto, para criticar que “aquí todo vale para que el ciudadano se rasque el bolsillo” y el Gobierno, “con esta tasa, está demostrado que lo que le preocupa es recaudar”.
Igualmente, ha lamentado que se haya acabado “con la transparencia y la información” ya que desde el 1 de diciembre no se han renovado los datos de la página web del IMSERSO, fecha en la que figura que en Aragón hay 9.341 personas que tienen derecho a la prestación por dependencia, pero “todavía esperan a recibirla”.
Broto también ha indicado que en el último Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Dependencia “hemos visto como se vuelven a poner palos en la rueda para que las familias tengan menos facilidades” y “se complica a nivel burocrático la aplicación de la ley”, de forma que “a las personas y familias que habían pensando que tenían un derecho, se les dice ahora que sálvese quien pueda y que cada uno se solucione las cosas a su manera”.
A su entender, se está pasando “de un sistema garantista a uno asistencialista” y “se está acabando con el Estado del Bienestar, que supone que los ciudadanos tengan unos derechos reconocidos”, para “caminar hacia la beneficencia”. Ha añadido que el derecho que reconocía la ley de la Dependencia “puede convertirse en un negocio para las empresas que gestionan residencias y para privatizar el servicio de ayuda a domicilio”.
En este sentido, María Victoria Broto ha opinado que “la crisis está sirviendo para acabar con el Estado del Bienestar y convertir los servicios públicos en un negocio”, con lo que “pierden calidad y dejan de ser universales para todos los ciudadanos, es decir, liberalismo puro y duro que acaba con la igualdad y el bienestar”.
PEDIR EXPLICACIONES
La diputada del PSOE ha anunciado que su grupo realizará iniciativas en las Cortes de Aragón para que tanto la presidenta Rudi como el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, “nos expliquen y digan cómo van a aplicar esta ley”.
Según ha dicho, en lo que va de legislatura ya han solicitado cuatro comparecencias sobre esta cuestión “y seguiremos insistiendo y planteando iniciativas” por la importancia de este asunto en una Comunidad como la aragonesa “con una población envejecida y con dispersión geográfica”, algo que “tienen que hacer reflexionar” al Gobierno respecto al “desmantelamiento” de esta ley, ha apostillado.
