El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para distribuir los créditos destinados a la financiación de programas sociales puestos en marcha por las Comunidades Autónomas durante el presente año por un montante de 49,6 millones de euros.
Los fondos permitirán financiar proyectos y planes sociales ya ejecutados a lo largo de 2012 por las propias administraciones autonómicas.
El criterio que ha seguido el Gobierno para la distribución es el de su interés social y el de su prioridad o importancia. En el caso del Plan Concertado, ha sido dotado con 47,2 millones de euros, lo que servirá para sufragar los costes de los centros sociales esenciales para los entes locales, que son los destinatarios del citado plan.
Estos centros pueden ser albergues para personas sin hogar o centros de acogida para personas sin apoyo de ninguna clase entre sus familias o entornos. La financiación del Plan Concertado persigue proporcionar a los ciudadanos servicios básicos, dar apoyo económico a los ayuntamientos y consolidar la red de asistencia de la Ley de Dependencia.
Otra de las actuaciones financiadas es la ayuda a domicilio en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. En este caso, el IMSERSO será el organismo encargado de tramitar el monto de financiación, 1,7 millones de euros, que se repartirán entre ambas del siguiente modo: 979.480 euros se dirigirán a Ceuta y 733.484 a Melilla.
Asimismo, más de medio millón de euros (550.000) recibirán diferentes asociaciones del colectivo gitano para la ejecución de programas y proyectos, “siempre y cuando estén orientados al fomento de la convivencia y de su integración en la sociedad, especialmente en el tejido de recursos sociales, en la educación y en el mercado laboral”.
Por otro lado, después de la edición celebrada en Galicia en 2011, este año ha sido País Vasco, en concreto Vizcaya, la sede del Congreso Estatal del Voluntariado, para lo que, dentro de los créditos aprobados, se ha fijado una cuantía de financiación de 75.000 euros.
Las administraciones central y autonómicas pactaron, además, que las comunidades receptoras de las subvenciones controlen el destino de los fondos y presenten posteriormente una memoria de cada proyecto al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
