- Según los datos de CEAPS, Círculo Empresarial de Atención a las Personas, entidad de carácter estatal, con los 300 millones de euros que se quieren aportar por Decreto Ley urgente se conseguiría sacar del ‘limbo’ al 14% de los dependientes.
- La medida anunciada por el Gobierno supone que la aportación a las cuotas de la Seguridad Social haga que el capital que aporta el Estado vuelva directamente a sus arcas sin dar más servicios, ni mayor bienestar para los ciudadanos no profesionales, ni garantizar la viabilidad y el futuro del cuarto pilar del Estado de Bienestar: los Servicios Sociales.
Madrid, 27 de febrero de 2019. Ante el anuncio del Gobierno de presentar un Decreto-Ley urgente en el que se destinan 300 millones de euros a los cuidadores no profesionales, ARADE, la Asociación Aragonesa para la Dependencia, se suma a la postura de CEAPs (Círculo Empresarial de Atención a las Personas), que lamenta que de todas las medidas que recogía la propuesta de Presupuestos Generales del Estado de 2019 sólo se lance como urgente la de financiar la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.
“Una propuesta que a quién más beneficia es al Estado ya que si tu pagas la Seguridad Social a ti mismo, el dinero vuelve a las arcas públicas”, señalan desde CEAPs que añaden “con esta medida no se atienden a más personas ni se dan más servicios”.
Desde el sector se defiende que si este capital se destinase a las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio (PEVs), con una aportación mensual de 715 euros al mes (máximo actualmente para Grado III) más de 37.500 personas que están en el limbo podrían recibir mañana mismo una ayuda, sacando inmediatamente del limbo de la Dependencia al 14% de la población, en el que mueren 100 personas al día. Estas medidas fueron propuestas por CEAPs en la dirección general del Imserso y a los responsables de Tributos del Ministerio de Hacienda. Una medida que fue bien acogida por parte de los responsables de dichos departamentos.
Además, el Real Decreto-Ley urgente no ofrece oportunidades a las personas con Derecho a recibir un Servicio a ser atendidos y deja a más de 330.000 personas que trabajan en el sector en una situación de parálisis, la misma en la que llevan años. De ellas 190.000 se dedican al trabajo residencial y 140.000 a los servicios sin alojamiento (según el observatorio del VII Convenio de la Dependencia).
Según la presidenta de CEAPS, Cinta Pascual, “es el momento de tomar decisiones y que los decretos de urgencia vayan donde tienen que ir, que es a dotar de financiación a los servicios y al empleo de calidad y profesional. Deben ir a sector que está ahogado y que tiene las tarifas congeladas desde hace años dejándolas en una situación de difícil afrontar”.
Cinta Pascual dejaba también claro que “nosotros no ponemos trabas a los cuidadores no profesionales, al contrario, que tengan apoyos profesionales y dispongan del descanso que la propia Ley dispone”.
La presidenta señalaba por otro lado que “se olvidan de medidas como la igualdad del IVA al 4 por ciento. Una medida de justicia social. Hay que tener en cuenta que aún 100.000 personas están pagando un IVA del 10 por ciento, algo discriminatorio que sigue marcando las desigualdades”.
Sobre ARADE
ARADE, la Asociación Aragonesa para la Dependencia, es la entidad de referencia del sector profesional del cuidado de las personas mayores, y cuenta con 76 asociados de las tres provincias aragonesas. Entre ellos se encuentran empresas de Ayuda a domicilio, Teleasistencia, Centros de Día y Residencias para la Tercera Edad, entidades privadas con y sin ánimo de lucro. Suponen un total de más de 5.000 plazas y más de 2.000 puestos de trabajo directos.
