- Considera que se incurre en una grave discriminación al excluir a las empresas privadas de la posibilidad de optar a prestar este tipo de servicios.
ARADE, la Asociación Aragonesa para la Dependencia, ha presentado alegaciones al borrador de la Orden de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón por la que se regula la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales al considerar que nuevamente se discrimina a las empresas del sector, en su gran mayoría pymes aragonesas, y más teniendo en cuenta el momento especialmente dramático que atraviesa el sector debido a la pandemia y la incertidumbre futura. Este proyecto de Orden salió a información pública el pasado 20 de octubre.
ARADE denuncia que en esta orden se vuelve a excluir a las sociedades mercantiles de esta contratación para otorgar un mayor protagonismo en la prestación de servicios a las entidades del Tercer Sector. Desde ARADE se reclama que la Administración no puede, ni debe, excluir ni discriminar a las entidades privadas por el mero hecho de que tenga ánimo de lucro ya que estas entidades son un actor esencial de los servicios sociales, prestan servicios de calidad, sin los cuales la Administración no podría ofrecer todos los servicios a los ciudadanos que los necesitan, además de ser agentes esenciales en la vertebración del territorio en la Comunidad de Aragón.
Desde ARADE se recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón paralizó el pasado verano la Orden CDS/2042/2017 que regula la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales en Aragón. Así, “nos parece inconcebible que, si el propio TSJA declaró no ser conforme a derecho la orden recurrida y la anuló, se vuelva a plantear en los mismos términos discriminatorios, máxime si tenemos en cuenta la grave situación a la que se ven abocadas nuestras empresas por la actual crisis sanitaria y económica”, apunta la gerente de ARADE, Paquita Morata. “En ARADE llevamos años luchando por que se reconozca la valía de nuestras empresas y no se admita que sean claramente discriminadas simplemente por su forma jurídica”, subraya Morata.
Desde ARADE, además, se entiende que este proyecto de normativa no entronca con la Estrategia Aragonesa para la recuperación social y económica ya que contemplaba a la totalidad de los actores de los servicios sociales, sobre todo cuando se habla de garantizar la financiación necesaria para dar respuesta a la demanda de plazas residenciales.
Por todo ello, se solicita al Gobierno de Aragón la revisión de dicho borrador, y que si es necesaria una tercera vía de contratación -directa, indirecta y concierto social-, esta última se haga extensiva a todas las entidades que dan servicio en nuestra Comunidad.
