La diputada del grupo del Partido Socialista (PSOE) en las Cortes de Aragón, María Victoria Broto, ha alertado de que el “retroceso” en la aplicación de la ley de la Dependencia está teniendo una “repercusión importante” en el empleo y, como ejemplo, ha indicado que desde la publicación en julio del decreto que modificó esta ley, se han producido 2.689 bajas en la Seguridad Social de cuidadores en el entorno familiar en la Comunidad autónoma.

En rueda de prensa, ha lamentado que la presidenta del Gobierno aragonés, Luisa Fernanda Rudi, “esté acabando con la ley de la Dependencia”, lo que implica “dejar a personas vulnerables en la estacada” y afecciones en el empleo, y ha comentado que, en el conjunto del Estado, había en noviembre “37.000 personas en paro por la no aplicación de la ley”.

   En Aragón, por provincias, las bajas en la Seguridad Social de cuidadores en el entorno familiar han sido de 508 en Huesca, 396 en Teruel y 1.785 en Zaragoza, en “muchas de ellas mujeres, que tenían garantizado su futuro” con esas cuotas a la Seguridad Social.

   La diputada socialista ha argumentado que “no aplicar esta ley significa no pensar en los más débiles”, cuando con un 0,07 por ciento de incremento en el déficit “podíamos haber dado respuesta” a estas personas.

   Según ha precisado, cuando el PSOE gobernaba en Aragón los beneficiarios de la ley se incrementaban en 600 al mes, pero ahora “tenemos menos beneficiarios que en 2010” ya que en diciembre de ese año había 25.437 y en diciembre de 2012 han sido 21.473. Además, entre junio 2011 y el 1 de diciembre de 2012, es decir, desde que gobierna el PP en la Comunidad, “se han reducido las prestaciones, salvo en plazas de centros de días”.

   Concretamente, Broto ha dicho que hay 2.104 beneficiarios menos con derecho, 3.059 beneficiarios menos atendidos, se han reducido en 236 las personas en residencias, en 789 las que tienen prestación económica vinculada a los servicios y en 2.192 quienes reciben la prestación económica de cuidador en el entorno familiar, si bien hay 3.360 dictámenes más de los que había.

   “Rudi quiera acabar con la ley de Dependencia y para eso cuenta con la complicidad” del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que cuando llegó al Ejecutivo “casi deroga” la ley de la Dependencia, con un decreto que implica que los dependientes moderados no tendrán prestación hasta julio de 2015; aumenta las aportaciones de las familias; “empeora” la atención, y reduce un 15 por ciento las prestaciones a los cuidadores familiares, que ahora “tienen que pagar la Seguridad Social”.

TASA POR REVISIÓN

   La parlamentaria ha criticado que se haya prescindido de los valoradores y que la ley de acompañamiento recoja que las familias y dependientes tienen que pagar una tasa por la revisión de su caso.

   Según una orden publicada por el Departamento de Sanidad, esta tasa es de 30 euros, tanto si la revisión la pide el dependiente, como si la propone la Administración, ha comentado Broto, para criticar que “aquí todo vale para que el ciudadano se rasque el bolsillo” y el Gobierno, “con esta tasa, está demostrado que lo que le preocupa es recaudar”.

   Igualmente, ha lamentado que se haya acabado “con la transparencia y la información” ya que desde el 1 de diciembre no se han renovado los datos de la página web del IMSERSO, fecha en la que figura que en Aragón hay 9.341 personas que tienen derecho a la prestación por dependencia, pero “todavía esperan a recibirla”.

   Broto también ha indicado que en el último Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Dependencia “hemos visto como se vuelven a poner palos en la rueda para que las familias tengan menos facilidades” y “se complica a nivel burocrático la aplicación de la ley”, de forma que “a las personas y familias que habían pensando que tenían un derecho, se les dice ahora que sálvese quien pueda y que cada uno se solucione las cosas a su manera”.

   A su entender, se está pasando “de un sistema garantista a uno asistencialista” y “se está acabando con el Estado del Bienestar, que supone que los ciudadanos tengan unos derechos reconocidos”, para “caminar hacia la beneficencia”. Ha añadido que el derecho que reconocía la ley de la Dependencia “puede convertirse en un negocio para las empresas que gestionan residencias y para privatizar el servicio de ayuda a domicilio”.

   En este sentido, María Victoria Broto ha opinado que “la crisis está sirviendo para acabar con el Estado del Bienestar y convertir los servicios públicos en un negocio”, con lo que “pierden calidad y dejan de ser universales para todos los ciudadanos, es decir, liberalismo puro y duro que acaba con la igualdad y el bienestar”.

PEDIR EXPLICACIONES

   La diputada del PSOE ha anunciado que su grupo realizará iniciativas en las Cortes de Aragón para que tanto la presidenta Rudi como el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, “nos expliquen y digan cómo van a aplicar esta ley”.

   Según ha dicho, en lo que va de legislatura ya han solicitado cuatro comparecencias sobre esta cuestión “y seguiremos insistiendo y planteando iniciativas” por la importancia de este asunto en una Comunidad como la aragonesa “con una población envejecida y con dispersión geográfica”, algo que “tienen que hacer reflexionar” al Gobierno respecto al “desmantelamiento” de esta ley, ha apostillado.

El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, ha participado en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Dependencia celebrado en la sede de Sanidad en Madrid y presidido por la ministra Ana Mato.

   Tras la reunión, Fermosel ha declarado a los medios que su “primer consejo” se ha desarrollado “tranquilo, positivo, sin más problemas”, destacando el proyecto de decreto que prepara el Gobierno de Rajoy para regular las prestaciones a dependientes, que premiará a las comunidades que apuesten por los servicios frente a las prestaciones a familiares, una medida que, según el consejero “tiene un sentido y una lógica aplastante”.

   El representante del gobierno de Ignacio González también ha desmentido que estos cambios vayan encaminados a privatizar los servicios de ayuda a los dependientes, como han denunciado las consejeras del ramo de Andalucía y Asturias. “Los sistemas no se privatizan.

   La Ley de Dependencia tiene un sistema de financiación y los servicios sociales en este país están bien prestados, por residencias propias o concertados por entidades privadas”, ha explicado Fermosel.

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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado seis meses de plazo a las comunidades autónomas para que actualicen sus datos sobre los dependientes y prestaciones otorgadas, entre otros datos, para evitar el fraude, tal y como detecta un informe del Tribunal de Cuentas sobre la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia entre 2007 y 2011.

   Esta es una de las principales conclusiones del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, celebrado este miércoles en Madrid, el día en que se ha conocido el documento preliminar del Tribunal de Cuentas que alerta de que había 29.169 personas que, habiendo fallecido, se encontraban indebidamente incluidas como beneficiarias de las prestaciones de la Ley de Dependencia, y por las que las comunidades recibieron un total de 140,3 millones de euros. Según el informe, este importe fue recuperado por el IMSERSO.

   “Hemos planteado una mayor transparencia en el sistema de dependencia, que se ha puesto en cuestión con el informe. Tratamos de tener unas certificaciones con las que se sepa en qué y para qué se utiliza el dinero de la dependencia y elaborar en seis meses los parámetros y los requisitos que deben enviar las comunidades autónomas al IMSERSO para hacer un seguimiento de a dónde van los fondos públicos”, ha aseverado la ministra.

   El documento desglosa los dependientes fallecidos que formaban parte del sistema en cada una de las comunidades autónomas: Andalucía (4.194 personas); Aragón (2.857); Asturias (1.067); Baleares (6); Canarias (197); Cantabria (1.010); Castilla y León (4.105); Castilla-La Mancha (724); Cataluña (1.959); Comunidad Valenciana (1.330); Extremadura (357), Galicia (3.389); Madrid (2.647); Murcia (633); Navarra (1.191); País Vasco (3.444).

   Asimismo, entre los principales acuerdos, Mato ha destacado la unificación, “en beneficio de una tramitación más ágil”, de toda la normativa sobre las prestaciones del Sistema de Dependencia. De esta forma, quedarán recogidas en un mismo decreto los servicios, prestaciones por grado de dependencia, traslados de beneficiarios entre comunidades autónomas, incompatibilidades, reintegro de las prestaciones, entre otras.

   Ante las críticas de algunas comunidades autonomías gobernadas por el PSOE por el nuevo sistema de datos que les exige el Gobierno, que consideran que va a paralizar el desarrollo de la ley, y se va a tender a la privatización, con la unificación normativa, la ministra ha negado de forma tajante que esa sea la intención de su departamento. “El PSOE siempre habla de privatización cuando se habla de mejorar la gestión. El tiempo nos dará la razón cuando se compruebe que se mejora la atención a los dependientes”, ha aseverado.

   Sobre la gestión realizada por su departamento del Sistema de Dependencia en 2012, Mato ha señalado que el ejercicio acabó con la reducción de un 23 por ciento de la lista de espera, en más de 75.000 dependientes. Al mismo tiempo, ha celebrado que se han cuantificado más altas que bajas (129.000 por 110.000) y un 94 por ciento de las solicitudes que se cursaron fueron valoradas. “Estos datos muestran un modelo más sostenible y accesible para el usuario”, ha apostillado.

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL

   El Plan de Acción para la inclusión social, con medidas específicas para la lucha contra la pobreza infantil, anunciado el pasado mes de octubre por el Gobierno, cuenta ya con el visto bueno del Consejo Territorial, y será aprobado a mitad de año, tal y como ha informado la ministra, que ha indicado que “el objetivo no es otro que mejorar la situación de las personas en riesgo de pobreza y alcanzar el bienestar infantil”.

   Otro de los acuerdos de este miércoles con las comunidades autónomas ha sido la configuración de un Catálogo de referencia de Servicios Sociales, como el que actualmente existe en Sanidad. Se trata de una recomendación a las comunidades autónomas, no de una norma con rango legal. Con esta medida, el ministerio pretende un “mapa” de los servicios sociales de que han de dispensarse en todos los territorios del Estado.

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La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha afirmado que la Ley de Dependencia ha sufrido una evolución “total”, y ha asegurado que, aunque queda mucho por trabajar, “tiene futuro”.

   En este sentido se ha manifestado la consellera en declaraciones a Europa Press, tras asistir al primer Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia del año, que ha reunido a los consejeros autonómicos del ramo y ha presidido la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.

   Preguntada por el desarrollo y modificaciones de la Ley de Dependencia, la consellera ha destacado que ésta ha sufrido una “evolución total” desde su nacimiento y que, “aunque tiene mucho que trabajar sobre ella, tiene futuro”.

   En concreto, ha destacado que la ley se concibió con expectativas “ambiciosas” y que ha tenido que “reformularse” para poder llegar a configurarse como lo que es ahora. A pesar de ello, ha destacado que habrá que seguir trabajando en ella, y por ello ha resaltado que, de hecho, ya se está haciendo.

   En esta línea, ha apuntado que en la reunión de esta tarde, que ha tenido una duración de casi cuatro horas, se han regulado una serie de prestaciones y modificaciones en la Ley que se seguirán trabajando de forma “coordinada” entre comunidades.

   Por ello, ha considerado como algo clave “el diálogo, y la coordinación”, y ha puesto el acento sobre las relaciones con el tercer sector, algo que ha considerado muy importante.

   Asimismo, ha destacado que en la reunión se ha aprobado un catálogo de referencia de Servicios Sociales, así como el reparto de fondos para la ejecución de los programas sociales en el denominado como Plan Concertado, cuya distribución ha tratado “prácticamente por igual” a todas las comunidades, ha subrayado.

   Por último, ha catalogado al actual ejercicio como de “inflexión” para los servicios sociales, pero con un horizonte marcado en el 2014, en un “camino en el que nos entendemos mejor que peor, hacia una paz social”. Por ello, ha indicado que los años anteriores han sido complicados y que, aunque hay materias que “adaptar y ajustar”, se puede transmitir un mensaje de tranquilidad de que “vamos caminando hacia una paz social”.

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