El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para distribuir los créditos destinados a la financiación de programas sociales puestos en marcha por las Comunidades Autónomas durante el presente año por un montante de 49,6 millones de euros.

Los fondos permitirán financiar proyectos y planes sociales ya ejecutados a lo largo de 2012 por las propias administraciones autonómicas.

El criterio que ha seguido el Gobierno para la distribución es el de su interés social y el de su prioridad o importancia. En el caso del Plan Concertado, ha sido dotado con 47,2 millones de euros, lo que servirá para sufragar los costes de los centros sociales esenciales para los entes locales, que son los destinatarios del citado plan.

Estos centros pueden ser albergues para personas sin hogar o centros de acogida para personas sin apoyo de ninguna clase entre sus familias o entornos. La financiación del Plan Concertado persigue proporcionar a los ciudadanos servicios básicos, dar apoyo económico a los ayuntamientos y consolidar la red de asistencia de la Ley de Dependencia.

Otra de las actuaciones financiadas es la ayuda a domicilio en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. En este caso, el IMSERSO será el organismo encargado de tramitar el monto de financiación, 1,7 millones de euros, que se repartirán entre ambas del siguiente modo: 979.480 euros se dirigirán a Ceuta y 733.484 a Melilla.

Asimismo, más de medio millón de euros (550.000) recibirán diferentes asociaciones del colectivo gitano para la ejecución de programas y proyectos, “siempre y cuando estén orientados al fomento de la convivencia y de su integración en la sociedad, especialmente en el tejido de recursos sociales, en la educación y en el mercado laboral”.

Por otro lado, después de la edición celebrada en Galicia en 2011, este año ha sido País Vasco, en concreto Vizcaya, la sede del Congreso Estatal del Voluntariado, para lo que, dentro de los créditos aprobados, se ha fijado una cuantía de financiación de 75.000 euros.

Las administraciones central y autonómicas pactaron, además, que las comunidades receptoras de las subvenciones controlen el destino de los fondos y presenten posteriormente una memoria de cada proyecto al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

• Acordado hoy en Consejo de Ministros
• Desde enero de este año ha aumentado en 21.252 el número de beneficiarios con prestación reconocida
• Las medidas de ahorro del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, puestas en marcha a raíz de la reforma para la mejora del Sistema, han propiciado un descenso de gasto de 835 millones de euros
• El crédito inicial para este año se había cifrado en 1.287 millones de euros, pero éste se ha ampliado en 117 millones para atender a todos los beneficiarios, pues es lo que establece la Ley de Dependencia y es compromiso del Ministerio que dirige Ana Mato proteger la norma
• La decisión se suma al listado de medidas que el Gobierno ha puesto en marcha a favor de las personas con discapacidad, muchas de ellas beneficiarias del Sistema de Dependencia

30 de noviembre de 2012. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy elevar en 117 millones de euros el nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia estipulado para 2012. La decisión se ha adoptado para cumplir lo que establece dicha norma, la garantía del citado nivel mínimo, y porque es firme compromiso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad preservar este Sistema. Así, el crédito definitivo para el presente ejercicio ascenderá a 1.405 millones de euros, 119 más que el de 2011.

La decisión, adoptada por los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se ha producido a raíz del aumento en el Sistema de personas dependientes con prestación reconocida, exactamente 21.252. Al mismo tiempo, la lista de espera, que a comienzos de año se cifró en más de 305.000 personas, se ha rebajado en 74.087 dependientes. Habida cuenta de estas cifras, y como quiera que resulta prioritario preservar el modelo de Dependencia incluso en adversas condiciones económicas, el Gobierno cumple una Ley en cuya defensa está plenamente comprometido y eleva en 117 millones de euros este umbral.

La reforma del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para mejorar y hacer sostenible el Sistema de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia está mostrando ya algunos resultados: el ahorro para la Administración General del Estado se sitúa en los 835 millones de euros, cuantía que proviene de la supresión del nivel acordado de financiación (305 millones), de la suspensión de las cotizaciones a la Seguridad Social de la prestación económica para cuidados familiares (330 millones de gasto en 2011) y de la bajada de la prestación para los no profesionales que cuidan a personas dependientes (220 millones de ahorro sobre el nivel mínimo).

Ninguna de estas medidas centradas en la reducción del gasto del Sistema de Dependencia y orientadas a convertir en sostenible un modelo acuciado por la escasez de recursos ha evitado, sin embargo, que éste deje de funcionar. Al contrario, han seguido entrando personas en el Sistema y se ha ido ajustando la lista de espera. Ahora, debido a estos dos factores, habrá 117 millones más para que las Comunidades Autónomas financien la Dependencia.

La evolución respecto al año pasado es ilustrativa: el crédito inicial en 2011 fue de 1.084 millones de euros, pero también se amplió para cumplir la Ley en 202 millones hasta alcanzar la cuantía de 1.286 millones de euros. Este año, aunque se suprimió el nivel acordado, el Gobierno elevó el mínimo de financiación para dejarlo en 1.288 millones de euros. Tras la ampliación de crédito de 117 millones acordada hoy, la cantidad asciende a 1.405 millones de euros, concretamente 119 más que un año antes.

MÁS EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La ampliación del nivel mínimo de financiación del Sistema de Dependencia es una medida que beneficia especialmente al colectivo de las personas con discapacidad, pues muchas de ellas son dependientes en diferentes grados, y como tales, se acogen a los recursos y servicios del modelo.

Se rubrica así la defensa que el Gobierno hace de este colectivo, pues no se trata de una decisión aislada, sino de un elemento más del listado que en los últimos meses ha ido completando el Ejecutivo con el fin de trasladar a estas personas un mensaje de seguridad y compromiso.

Ya en la reforma sanitaria se incluyeron medidas para reducir la aportación al gasto farmacéutico que hacen las personas con discapacidad, y más adelante, con la regulación de la cartera de productos ortoprotésicos, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad igualó los precios en todo el territorio y dejó fuera de cualquier aportación al pago a los ciudadanos de esta condición con inferior volumen de renta.

En el Real Decreto Ley para la paralización durante dos años de los desahucios, el Gobierno manifestó su sensibilidad con las personas con discapacidad, ya que incorporó al grupo de colectivos protegidos a las familias con personas con discapacidad a su cargo y a las propias personas con discapacidad.

Recientemente, el BOE publicó la resolución por la que se repartía el total de más de 280 millones en concepto de subvenciones con cargo al IRPF. Los programas, proyectos e inversiones relacionadas con la Discapacidad aglutinaron unos 47 millones de euros, lo que convirtió a este colectivo en el segundo más beneficiado de la convocatoria. En esta misma línea, la futura Ley de Justicia Gratuita eximirá del pago de tasas, abogados y procuradores en procesos civiles a estos ciudadanos.

Asimismo, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y el de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, transmitieron a los miembros del CERMI esta misma semana que el Gobierno, por medio del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ha abonado ya unos 339,6 millones de euros para cubrir los pagos pendientes con los proveedores de servicios sociales. Las CCAA se encargarán de la tramitación de dichos pagos.

• Presentación de la Constitución en lengua de signos española y catalana
• En el Día Internacional de la Discapacidad, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad expresa el compromiso del Gobierno para “construir, desde el día a día, una sociedad más justa y solidaria” con la participación de todos
• La Carta Magna garantiza la igualdad ante la ley y conmina a los poderes públicos a realizar cuantas acciones sean necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos
• Mato integrará en “un único cuerpo legal” todas las leyes“trascendentales para la inclusión de las personas con discapacidad” nacidas desde que fue aprobada la Constitución

3 de diciembre de 2012. “Queremos establecer una sociedad democrática avanzada, que cuente con todos y para todos. Y eso pasa por situar como primera de las prioridades la atención de las personas con discapacidad”. Éste es el compromiso del Gobierno que ha expresado hoy la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y con la semana de la conmemoración del 34º aniversario de la Constitución Española.

Mato ha hecho estas declaraciones en el acto de presentación de la Carta Magna traducida a las lenguas de signos española y catalana, organizado por la Confederación Estatal de Personas Sordas en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. En el encuentro, donde ha acudido junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la ministra ha expresado, asimismo, la intención del Gobierno de “construir, desde el día a día, una sociedad más justa y solidaria que, como dice nuestra Constitución en su preámbulo, garantice la convivencia de todos los ciudadanos conforme a un orden económico y social justo”.

Mato ha recordado que “nuestra Norma Suprema consagra a España como un Estado Social, en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ningún tipo de discriminación”. Asimismo, en su artículo 49, conmina a los poderes públicos “a realizar cuantas acciones sean necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos como cualquier otro ciudadano”. En esta tarea, ha asegurado, está implicado el Gobierno, “especialmente cuando se trata de apoyar al mundo de la discapacidad”.

Entre las acciones emprendidas para lograr el objetivo de la plena integración, la ministra ha señalado la integración “en un único cuerpo legal” de cuantas leyes para la inclusión de las personas con discapacidad han nacido desde que fue aprobada la Constitución.

La ministra también ha destacado el aumento de 117 millones de euros del nivel mínimo de financiación de la atención a la dependencia, aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, para cubrir el incremento del número de beneficiarios que tienen reconocida la prestación.

La ministra no ha querido dejar de felicitar a la presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas, al presidente de la ONCE y al del Cermi (la representación de las personas con discapacidad), por haber creado uno de los movimientos asociativos más avanzados en el mundo de la discapacidad. Y ha puesto como ejemplo de colaboración el acto celebrado hoy, en el que la colaboración entre las organizaciones sociales y los poderes públicos contribuye a “eliminar las barreras de la comunicación”.

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