El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado seis meses de plazo a las comunidades autónomas para que actualicen sus datos sobre los dependientes y prestaciones otorgadas, entre otros datos, para evitar el fraude, tal y como detecta un informe del Tribunal de Cuentas sobre la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia entre 2007 y 2011.
Esta es una de las principales conclusiones del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, celebrado este miércoles en Madrid, el día en que se ha conocido el documento preliminar del Tribunal de Cuentas que alerta de que había 29.169 personas que, habiendo fallecido, se encontraban indebidamente incluidas como beneficiarias de las prestaciones de la Ley de Dependencia, y por las que las comunidades recibieron un total de 140,3 millones de euros. Según el informe, este importe fue recuperado por el IMSERSO.
“Hemos planteado una mayor transparencia en el sistema de dependencia, que se ha puesto en cuestión con el informe. Tratamos de tener unas certificaciones con las que se sepa en qué y para qué se utiliza el dinero de la dependencia y elaborar en seis meses los parámetros y los requisitos que deben enviar las comunidades autónomas al IMSERSO para hacer un seguimiento de a dónde van los fondos públicos”, ha aseverado la ministra.
El documento desglosa los dependientes fallecidos que formaban parte del sistema en cada una de las comunidades autónomas: Andalucía (4.194 personas); Aragón (2.857); Asturias (1.067); Baleares (6); Canarias (197); Cantabria (1.010); Castilla y León (4.105); Castilla-La Mancha (724); Cataluña (1.959); Comunidad Valenciana (1.330); Extremadura (357), Galicia (3.389); Madrid (2.647); Murcia (633); Navarra (1.191); País Vasco (3.444).
Asimismo, entre los principales acuerdos, Mato ha destacado la unificación, “en beneficio de una tramitación más ágil”, de toda la normativa sobre las prestaciones del Sistema de Dependencia. De esta forma, quedarán recogidas en un mismo decreto los servicios, prestaciones por grado de dependencia, traslados de beneficiarios entre comunidades autónomas, incompatibilidades, reintegro de las prestaciones, entre otras.
Ante las críticas de algunas comunidades autonomías gobernadas por el PSOE por el nuevo sistema de datos que les exige el Gobierno, que consideran que va a paralizar el desarrollo de la ley, y se va a tender a la privatización, con la unificación normativa, la ministra ha negado de forma tajante que esa sea la intención de su departamento. “El PSOE siempre habla de privatización cuando se habla de mejorar la gestión. El tiempo nos dará la razón cuando se compruebe que se mejora la atención a los dependientes”, ha aseverado.
Sobre la gestión realizada por su departamento del Sistema de Dependencia en 2012, Mato ha señalado que el ejercicio acabó con la reducción de un 23 por ciento de la lista de espera, en más de 75.000 dependientes. Al mismo tiempo, ha celebrado que se han cuantificado más altas que bajas (129.000 por 110.000) y un 94 por ciento de las solicitudes que se cursaron fueron valoradas. “Estos datos muestran un modelo más sostenible y accesible para el usuario”, ha apostillado.
LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL
El Plan de Acción para la inclusión social, con medidas específicas para la lucha contra la pobreza infantil, anunciado el pasado mes de octubre por el Gobierno, cuenta ya con el visto bueno del Consejo Territorial, y será aprobado a mitad de año, tal y como ha informado la ministra, que ha indicado que “el objetivo no es otro que mejorar la situación de las personas en riesgo de pobreza y alcanzar el bienestar infantil”.
Otro de los acuerdos de este miércoles con las comunidades autónomas ha sido la configuración de un Catálogo de referencia de Servicios Sociales, como el que actualmente existe en Sanidad. Se trata de una recomendación a las comunidades autónomas, no de una norma con rango legal. Con esta medida, el ministerio pretende un “mapa” de los servicios sociales de que han de dispensarse en todos los territorios del Estado.
