La portavoz de Servicios Sociales del Grupo Socialista de las Cortes de Aragón, María Victoria Broto, ha alertado este viernes del “desmantelamiento” de estos servicios en Aragón y ha afirmado que, según información oficial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, durante el mes de enero cada día 14 aragoneses menos percibieron ayudas de atención a la dependencia.
En rueda de prensa, Broto ha aseverado que el PP está realizando el “derribo” de la Ley de Atención a la Dependencia y “está abandonando a las personas que más sufren, las más necesitadas”.
En agosto de 2012 en toda España había 780.536 ciudadanos perceptores de las prestaciones que establece la Ley y el 31 de enero de 2013 había 760.444, un total de 20.092 perceptores menos.
En Aragón ha habido 451 solicitudes menos durante el pasado mes de enero, 664 ciudadanos menos han recibido el dictamen de valoración, hay 354 beneficiarios con derechos menos, 409 beneficiarios menos atendidos y 14 beneficiarios menos cada día. El único dato que ha aumentado es el de las personas con derecho a prestación, que han sido 237.
En este mes ha habido nueve personas menos en centros de día, 51 menos en situación de atención residencial y 350 menos con prestación por cuidados a cargo de familiares. En enero de 2013 la Comunidad Autónoma ha recibido 3.200.000 euros en concepto de ‘mínimo garantizado’, ha expuesto Broto.
Desde el pasado mes de julio hay en Aragón 4.025 cuidadores reconocidos menos y un total de 9.339 personas están “en el limbo”, ya que tienen derecho a percibir una prestación pero no la reciben.
María Victoria Broto ha expuesto que la situación de las residencias concertadas de personas dependientes “tienen una situación gravísima” y que pone “en riesgo” su proyecto puesto que cobraron la cantidad concertada de enero y febrero de 2012 en noviembre y en diciembre cobraron lo pendiente desde marzo hasta junio. No han cobrado la cantidad pendiente desde julio hasta la actualidad aunque el Gobierno autónomo sí ha cobrado la aportación estatal.
Ha exigido que mejore el servicio de teleasistencia y ha criticado que, según consta en una respuesta del Gobierno, se plantea que las personas que no tengan ingresos equivalentes al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) no paguen nada por la teleasistencia, la que ingresen el equivalente y hasta 1,5 veces paguen la mitad y a partir de ese nivel que abonen el 90 por ciento, lo que es “prácticamente pagar en su totalidad este servicio”. En materia de servicios sociales “se camina hacia la privatización”, ha lamentado María Victoria Broto.
“SUSPENSO”
“Estamos viendo que cuando el PP gana en las elecciones en comunidades autónomas se ralentiza, se estanca” la Ley de Atención a la Dependencia, ha asegurado la parlamentaria.
En opinión de Broto “hemos pasado de ser una comunidad que tenía un notable en atención a la dependencia a tener un suspenso”. Ha criticado al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, al afirmar que “no cree en esta Ley” y ha añadido que el PP quiere “privatizar” este servicio, “darles los recursos a los ciudadanos para que ellos los gestionen y remitirlos a entidades privadas que, por otra parte, tendrán la posibilidad y capacidad de seleccionar a quien quieran que esté en sus residencias”.
Aragón ha perdido puestos en todos los índices de aplicación de la Ley mencionada durante el mes de enero y actualmente la Comunidad Autónoma ha pasado de ser la quinta región en cuanto a la aplicación de esta norma a situarse entre el duodécimo y el décimo tercer lugar.
Los socialistas “no estamos a dejar morir esta Ley”, ha proseguido Broto, quien ha agregado que “lo que está haciendo el PP es dejar a muchas personas más vulnerables, las más mayores”. Al no desarrollar la Ley “estamos dejando sin un derecho subjetivo que ha sido fundamental” a los afectados, de tal forma que el Gobierno de España “lo que está haciendo es acabar con ese derecho”.
El PSOE planteará iniciativas para desarrollar la atención a la dependencia, “una Ley que el PP, cuando se implantó, trató de boicotear en aquellas comunidades donde gobernaba”. En opinión de Broto “la no aplicación es un atropello de los derechos, ni más ni menos que no cumplir una Ley”.
