La portavoz de Servicios Sociales del Grupo Socialista de las Cortes de Aragón, María Victoria Broto, ha alertado este viernes del «desmantelamiento» de estos servicios en Aragón y ha afirmado que, según información oficial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, durante el mes de enero cada día 14 aragoneses menos percibieron ayudas de atención a la dependencia.

   En rueda de prensa, Broto ha aseverado que el PP está realizando el «derribo» de la Ley de Atención a la Dependencia y «está abandonando a las personas que más sufren, las más necesitadas».

   En agosto de 2012 en toda España había 780.536 ciudadanos perceptores de las prestaciones que establece la Ley y el 31 de enero de 2013 había 760.444, un total de 20.092 perceptores menos.

   En Aragón ha habido 451 solicitudes menos durante el pasado mes de enero, 664 ciudadanos menos han recibido el dictamen de valoración, hay 354 beneficiarios con derechos menos, 409 beneficiarios menos atendidos y 14 beneficiarios menos cada día. El único dato que ha aumentado es el de las personas con derecho a prestación, que han sido 237.

   En este mes ha habido nueve personas menos en centros de día, 51 menos en situación de atención residencial y 350 menos con prestación por cuidados a cargo de familiares. En enero de 2013 la Comunidad Autónoma ha recibido 3.200.000 euros en concepto de ‘mínimo garantizado’, ha expuesto Broto.

   Desde el pasado mes de julio hay en Aragón 4.025 cuidadores reconocidos menos y un total de 9.339 personas están «en el limbo», ya que tienen derecho a percibir una prestación pero no la reciben.  

   María Victoria Broto ha expuesto que la situación de las residencias concertadas de personas dependientes «tienen una situación gravísima» y que pone «en riesgo» su proyecto puesto que cobraron la cantidad concertada de enero y febrero de 2012 en noviembre y en diciembre cobraron lo pendiente desde marzo hasta junio. No han cobrado la cantidad pendiente desde julio hasta la actualidad aunque el Gobierno autónomo sí ha cobrado la aportación estatal.

   Ha exigido que mejore el servicio de teleasistencia y ha criticado que, según consta en una respuesta del Gobierno, se plantea que las personas que no tengan ingresos equivalentes al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) no paguen nada por la teleasistencia, la que ingresen el equivalente y hasta 1,5 veces paguen la mitad y a partir de ese nivel que abonen el 90 por ciento, lo que es «prácticamente pagar en su totalidad este servicio».  En materia de servicios sociales «se camina hacia la privatización», ha lamentado María Victoria Broto.

«SUSPENSO»

   «Estamos viendo que cuando el PP gana en las elecciones en comunidades autónomas se ralentiza, se estanca» la Ley de Atención a la Dependencia, ha asegurado la parlamentaria.

   En opinión de Broto «hemos pasado de ser una comunidad que tenía un notable en atención a la dependencia a tener un suspenso». Ha criticado al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, al afirmar que «no cree en esta Ley» y ha añadido que el PP quiere «privatizar» este servicio, «darles los recursos a los ciudadanos para que ellos los gestionen y remitirlos a entidades privadas que, por otra parte, tendrán la posibilidad y capacidad de seleccionar a quien quieran que esté en sus residencias».

   Aragón ha perdido puestos en todos los índices de aplicación de la Ley mencionada durante el mes de enero y actualmente la Comunidad Autónoma ha pasado de ser la quinta región en cuanto a la aplicación de esta norma a situarse entre el duodécimo y el décimo tercer lugar.

   Los socialistas «no estamos a dejar morir esta Ley», ha proseguido Broto, quien ha agregado que «lo que está haciendo el PP es dejar a muchas personas más vulnerables, las más mayores». Al no desarrollar la Ley «estamos dejando sin un derecho subjetivo que ha sido fundamental» a los afectados, de tal forma que el Gobierno de España «lo que está haciendo es acabar con ese derecho».

   El PSOE planteará iniciativas para desarrollar la atención a la dependencia, «una Ley que el PP, cuando se implantó, trató de boicotear en aquellas comunidades donde gobernaba». En opinión de Broto «la no aplicación es un atropello de los derechos, ni más ni menos que no cumplir una Ley».

La crisis económica ha motivado parte de las quejas ciudadanas presentadas al Justicia de Aragón durante 2012, un total de 2.309, un 7 por ciento más que en 2011. Las administraciones públicas han aceptado un 4 por ciento más de quejas que el año anterior, según ha dicho el titular de la institución, Fernando García Vicente, quien ha presentado el informe de 2012 en las Cortes de Aragón.

En la provincia de Zaragoza se presentaron 1.610 quejas, 307 en la de Huesca y 178 en la provincia de Teruel, ha señalado el Justicia, quien ha indicado que abrió 130 expedientes de oficio.

En Educación se han contabilizado 222 quejas, en asistencia social 211, en empleo público 162, en Hacienda 188, en Interior 169, en Justicia 165, en Medio Ambiente 133, en Sanidad 144, en Vivienda 105 y en Urbanismo 119.

En el área de Servicios Públicos han sido 87 las quejas presentadas, mientras que en contratación pública se han elevado a 33, en Industria 31, en menores 58, en Obras Públicas 40, en Seguridad Social 62 y en Trabajo 69. Del total de quejas presentadas 723 corresponden a la Administración Local, 756 a la autonómica y 77 a la Administración del Estado. El Justicia dictó 393 resoluciones, un 26 por ciento más que en 2011. La institución ha contribuido a resolver los problemas de los ciudadanos en 1.620 expedientes.

«URGENTE»

El Justicia ha propuesto que se prioricen la concesión de prestaciones sociales ya que «lo más urgente y lo más necesario es lo que hay que cubrir primero». Ha aumentado un 34 por ciento las quejas relativas a la asistencia social, debido a la crisis.

Fernando García Vicente ha tramitado numerosos expedientes relacionados con la atención a la dependencia y ha destacado que la Administración ha rebajado el grado de dependencia reconocido en varios casos.

En el área de menores ha descendido el número de quejas al pasar de 72 en 2011 a 58 en 2012. Sí han aumentado las quejas por la falta de acuerdo con las resoluciones que se dictan en los Puntos de Encuentro y ha comentado que las adopciones internacionales han caído en picado.

El Justicia de Aragón ha resaltado el «elevado número de actuaciones de control» en residencias privadas de mayores, «pero pediría más control en las públicas». También ha lamentado que el acceso a las ayudas a domicilio en la ciudad de Zaragoza «está colapsado».

La institución ha abierto tres expedientes de oficio al Hospital de Barbastro y al de Alcañiz, y un tercero por las listas de espera en la atención sanitaria especializada.

García Vicente abrió un expediente de oficio para conocer si sería posible que el reintegro de las cantidades adelantadas en la compra de productos farmacéuticos –copago– se llevara a cabo en un plazo inferior al previsto, expediente que se encuentra en tramitación.

IMPUESTOS

El Justicia de Aragón ha puesto de relieve el «afán recaudatorio sobre las clases medias» y ha recomendado que «antes de subir los impuestos que paguen todos los que tienen que pagar» y que se supriman los nichos de exención fiscal. En el área de Economía y Hacienda se ha pasado de 159 a 222 expedientes.

Ha hecho notar que «hay muchos ciudadanos preocupados» por el aumento del valor fiscal de los inmuebles y la reducción del precio de venta de los mismos. «La gente no entiende el aumento de los valores catastrales», ha continuado el Justicia. «Se está recaudando con un rigor excesivo», ha insistido.

«En Interior vemos un enorme afán recaudador» ya que se han contabilizado 73 quejas más por multas. Asimismo, ha considerado «preocupante» la situación del Registro Civil de Zaragoza.

También han aumentado las quejas en Educación, especialmente las de comedor, y hay pocas sobre la calidad de la enseñanza. Ha subrayado que en el curso pasado el 53 por ciento de los alumnos de Educación Secundaria aprobaron el curso sin asignaturas pendientes y el 15,94 por ciento repitieron. «La base del sistema educativo es el profesor», ha recalcado.

En Medio Ambiente «pedimos más respeto al arbolado urbano». Ha mencionado algunas actuaciones de la institución respecto al Soto de Cantalobos y el Reglamento de la Ley de Caza.

El Justicia ha recibido 6 quejas sobre la Ley de Lenguas, una de ellas por rechazar el Ayuntamiento de Fraga un documento en catalán y otra que proponía crear un premio a la mejor canción en aragonés.

En materia urbanística, el Justicia evaluó el ejercicio de las competencias municipales de inspección y control del estado de conservación de la edificación, órdenes de ejecución y declaración de ruina.

Respecto a los desahucios inmobiliarios, ha opinado que «hay que buscar una solución que permita que nadie se quede en la calle». Ha recomendado actualizar el Plan de Vivienda Social para agilizar el procedimiento de adjudicación de vivienda de alquiler.

En la Administración Pública hay problemas como la elevada temporalidad, la tasa de interinidad y la falta de transparencia en el acceso a los puestos de trabajo.

GRUPOS

El portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida (IU), Adolfo Barrena, ha afirmado que «si no se cambia de políticas como las que ahora se están aplicando, el drama social podría ser todavía peor» y ha alertado de «la pérdida de derechos».

«Estamos con unos niveles de paro absolutamente inaceptables», ha continuado el portavoz de IU, quien ha recordado que en toda España se han producido 300.000 desahucios y ha considerado que «se está minando la democracia».

Se están sustituyendo los servicios sociales por «caridad y beneficencia» y ha animado Barrena a «volver a situar en el centro de la acción política la persona, el ciudadano o ciudadana con sus necesidades y derechos».

Por su parte, el presidente del Grupo de CHA, José Luis Soro, ha aseverado que la crisis «tiene muy mala pinta, vamos de mal en peor» y ha argumentado que «las políticas de austeridad» conducen a «horadar derechos subjetivos, a vaciar de contenido el Estado del Bienestar».

En el área de lenguas propias CHA ha puesto «un cero» al Justicia porque en la institución «están haciendo una dejación de funciones» y ha apelado a la Ley de lenguas minoritarias, todavía vigente, que reconoce los derechos subjetivos de los aragoneses en esta materia.

El portavoz del Grupo del PAR, Alfredo Boné, ha asegurado que «hoy el Justiciazgo es, si cabe, más necesario que nunca en Aragón» porque «las dificultades socioeconómicas pueden alterar algunos de estos derechos y libertades aragoneses».

Boné ha defendido las medidas introducidas por el PAR en los Presupuestos de 2013 para fomentar el alquiler social y ha apostado por el «aragonesismo social», que conlleva «la preocupación por aquellos aragoneses que peor lo están pasando».

La diputada del PSOE, María Victoria Broto, ha apreciado que la visión que aporta el Justicia en su informe de 2012 «presenta un paisaje escabroso, árido y complicado, casi inhóspito», lo que ha atribuido a las políticas del Gobierno PP-PAR.

Broto ha emplazado al Gobierno a «garantizar los servicios sociales para mantener un nivel de vida digno de todos los ciudadanos» porque solamente con estos servicios todos los ciudadanos pueden ser «miembros de pleno derecho de esta sociedad».

Ha mencionado los problemas existentes en temas como las becas de comedor, la reducción de personal de los centros sanitarios, el desempleo y la vulnerabilidad de algunos colectivos.

El diputado del PP, Ramón Celma, ha señalado que «la obligación del Gobierno es seguir mejorando la eficacia y la eficiencia en la gestión» y ha considerado que «si no somos muy puntillosos sería complicado mantener nuestro sistema de bienestar social». El primer objetivo es «atender a los más necesitados».

«La crisis, como se puede ver en el trasfondo quejas, están dañando especialmente a las clases medias y las más desfavorecidas», ha destacado Celma.

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La Oficina del Defensor del Pueblo ha recomendado a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid que, como prevé la Ley, cuando no sea posible contactar telefónicamente con el interesado en un plazo razonable, remita una notificación por escrito.

Según publica la revista el Defensor al Día, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido a la comunidad que incluya en los expedientes de valoración de dependencia los medios utilizados para agilizar su tramitación.

Esta resolución se produce después de que una ciudadana se quejara del retraso a la hora de evaluar la situación de dependencia de un familiar que necesitaba un ingreso urgente en un centro especializado.

Así, explica que a lo largo de la investigación, se solicitó un informe a la Consejería de Asuntos Sociales de Madrid, que justificó la demora en que la interesada no había contestado a 24 llamadas realizadas a lo largo de 10 meses.

No obstante, y según explicaba la ciudadana en su queja, al tener conocimiento de que le estaban llamando a un número que ya no usaba, remitió el correcto por escrito a través de un registro oficial, dado que se le indicó que era la única forma para que el referido dato quedara incorporado al expediente.

En opinión de la Institución, la concertación de citas y de otras actuaciones mediante gestión telefónica es una buena práctica que sirve para agilizar los expedientes pero no puede ser la única vía de comunicación. «De hecho, no dejan constancia de que los intentos de comunicación se han producido efectivamente, ni tampoco de su objeto y ni de que han sido correctamente recibidos», añade.

En este sentido, señala que cuando se producen incidencias como la señalada, el expediente se paraliza, lo que aumenta la demora hasta la resolución que en este tipo de asunto es bastante elevada, con el consiguiente perjuicio para los interesados.

No obstante, señala que la investigación no ha concluido con esta recomendación y que la oficina del Defensor del Pueblo ha solicitado a la Comunidad de Madrid que siga informando sobre los avances que se produzcan en el expediente que motivó la queja.

El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha reconocido que «a nadie le gusta que le digan que suspende» en atención a la dependencia, pero «me gustaría valorar datos oficiales».

   El consejero se ha pronunciado así en rueda de prensa, tras dar a conocer el Observatorio de la Dependencia que Aragón ha suspendido por primera vez en atención a la dependencia desde la entrada en vigor de la ley.

   Al respecto, ha puntualizado que ese «no es un observatorio oficial» y ha opinado que «es un trabajo que tiene que hacer el IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), que, de hecho, ya está haciendo, para que, de una vez por todas, nuestro país cuente con una estadística en materia de dependencia oficial».

   En este sentido, ha argumentado que «tan importantes son los datos, como las interpretaciones» y «cuando se analizan estadísticas, hay que tener en cuenta todos los conceptos que hay detrás de ellas porque, por ejemplo, cuando hablamos de que Aragón ha bajado» el número de dependientes atendidos «hay que tener en cuenta que una de las razones principales del descenso es que nosotros no contabilizamos a personas fallecidas».

   El consejero ha añadido que «si comparamos junio de 2011», donde estaban contabilizadas unas 3.000 personas como beneficiarias de la dependencia ya fallecidas, con diciembre de 2012, «donde no constan estas personas», que fueron retiradas de las estadísticas, y otras 1.500 «que después fuimos depurando y que también estaban fallecidas», «evidentemente la diferencia es obvia, pero no quiere decir que haya menos personas vivas atendidas».

   Por otra parte, ha esgrimido que «en materia de dependencia, nuestra prioridad máxima es atender lo mejor posible a los dependientes» y eso significa que «no consiste en que haya muchos dependientes atendidos, sino que los que haya estén bien atendidos, dentro de las posibilidades que tengamos» y «en esta línea vamos a trabajar».

   Según ha expuesto, «me preocupa que haya dependientes que no han recibido todavía la prestación, pero más preocupa que haya dependientes que la estén percibiendo, pero no con la calidad» oportuna.

CARÁCTER EXCEPCIONAL

   El consejero ha subrayado su apuesta por los servicios, «que es lo que marca la ley» y «lo único que garantiza que al dependiente se le atiende en condiciones», servicios profesionales como residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia, ha dicho, «y, con carácter excepcional, y siempre que no haya otro remedio, atendiendo a circunstancias concretas de determinada personas totalmente excepcionales, la prestación económica en el entorno familiar».

   Esta última «es lo que, por desgracia, ha prevalecido en Aragón y no garantizaba una adecuada atención al dependiente, como los hechos demuestran» y por eso «nuestro trabajo se va a centrar, más que en aumentar el número de dependientes, que lo intentaremos con nuestros recursos, en atender lo mejor posible a los que tengamos».

   Por otra parte, ha reconocido que no han conseguido el objetivo que se habían fijado para que en el último trimestre de 2012 unos mil dependientes pasaran de percibir la prestación económica en el entorno familiar a servicios, «aunque sí ha habido algún caso».

   Según ha apuntado, los cambios en la gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales «han supuesto un pequeño retraso en algunas cuestiones que queríamos acometer», pero «uno de los trabajos fundamentales que estamos abordando en la Mesa por la Discapacidad va en esa línea» porque «es la única solución que hay para mantener unos mínimos de calidad en el servicio y cumplir la ley, que está por encima de todo».

Noticia Europapress.