La gerente de Arade comparece en las Cortes por las Audiencias Legislativas en relación al Proyecto de Ley de Ordenación de Entidades Privadas de Servicios Sociales de Aragón
Paquita Morata, gerente de ARADE, compareció este martes en las Cortes de Aragón dentro de las Audiencias Legislativas en relación con el Proyecto de Ley de Ordenación de las Entidades Privadas de Servicios Sociales de Aragón que se encuentra en tramitación, un proyecto que desde el sector se considera “discriminatorio y con un acusado carácter sancionador”, de ahí la importancia de visibilizar la postura del sector en esta comparecencia.
Morata explicó en primer lugar la naturaleza y objetivos de Arade, y expuso la importancia social de este sector en Aragón así como su papel como motor dinamizador y generador de riqueza en el territorio, especialmente de empleo directo femenino. “En Aragón más del 40% de las plazas de residencia y centros de día son mercantiles, y la gran mayoría son pequeñas pymes aragonesas que, a pesar de la crisis, han mantenido puestos de trabajo y han seguido vertebrando y dando riqueza a nuestra Comunidad”, sostuvo la gerente, quien subrayó que, sin embargo, para la sociedad sigue “pareciendo el patito feo de la economía”.
Así, desde la entidad se destaca que la presente Ley de Ordenación de Entidades Privadas debe, por supuesto, “proteger al usuario, a la persona mayor, pero también las entidades que le dan servicio deben ser protegidas”.
Recordó que se trata de un sector con “realidades distintas pero muy similares, entidades mercantiles que operan junto a fundaciones, entidades religiosas, con y sin ánimo de lucro, pero no deben ser de ninguna manera discriminadas por su forma jurídica sino por sus actuaciones”, una situación que obliga a que el sector “sea fuerte y esté unido”, donde “nos necesitamos todos y la colaboración público-privada es vital”.
La entidad mostró su desacuerdo en relación a la falta de agilidad en la concesión de permisos y a las inspecciones. “Cuando una entidad ha llevado a cabo una importante inversión en dinero, esfuerzo, ilusión…, muchos de ellos pequeños emprendedores, como en el caso de los Centros de Día, tenga que esperar hasta seis meses con las instalaciones preparadas para conseguir la autorización, y que la Administración pueda desestimarlo actuando por silencio administrativo sin dar explicación”, citó la gerente.
En relación al Plan de Inspección comentó: “Desde Arade hemos apoyado dicho Plan porque somos los primeros que creemos firmemente en la mejora continua y en ofrecer un servicio de calidad, pero debemos ganar en eficacia. La Comunicación con Inspección debe ser bidireccional: no puede ser que a un centro se le dé un tiempo limitado para solventar o comunicar cambios, y tenga que perseguir a la Administración para que vuelva y confirme que está hecho”.
Asimismo, se expuso la cuestión del aumento del número de inspecciones producto de denuncias de familiares o trabajadores no fundamentadas, teniendo en cuenta que algunas sanciones pueden implicar hasta revocar la acreditación, y debe transcurrir un año para poder volver a solicitarla.
Instó a la Administración a contar con los equipos suficientes y con la formación adecuada para las inspecciones, y destacó el esfuerzo de los asociados de Arade por mantener los estándares de calidad y excelencia. “En la actualidad siguen abiertos centros con expedientes de cierre, de los que conocemos su mala praxis, y sin embargo ahí siguen. Mientras tanto, nuestros equipos de dirección deben soportar en ocasiones un trato humillante”, apuntó Morata. “Puedo asegurarles que hemos leído múltiples actas de inspección en las que no se indicaba qué punto de la ley se estaba infringiendo, y en las que la única consideración a tener en cuenta era las ideas personales del inspector”, abundó la gerente.
Morata destacó que les gustaría que esta Ley y sus órdenes reguladoras posteriores recogieran en algún apartado la consideración que merecen los empresarios del sector, que además de sancionar les diera apoyo, que en dicha regulación hubiera algún apartado para que ellos también puedan defenderse. “Hay un factor emocional en esta actividad que sobre el papel no se refleja. Nos gustaría que, por un instante, se pusieran en la piel del director de alguno de estos centros, les puedo asegurar que la suya es una actividad de riesgo alto”, y citó algunas de las dificultades diarias con las que se enfrentan los responsables de empresas del sector: familiares con exigencias exacerbadas producto de sentimientos contradictorios de abandono, dificultad para encontrar profesionales, etc…
Por último, subrayó la discriminación a la que son sometidas las pymes en este sector de servicios sociales frente a las entidades sociales, en cuestiones, por ejemplo, como no poder pedir subvenciones cuando la finalidad es la misma.
“Ya somos pioneros en esta comunidad en discriminación por la forma jurídica con nuestra Ley de concierto social. Por favor, no incidamos en ello en el sector de las personas mayores porque no tiene ningún sentido. Si todos los que operamos en el sector de forma correcta nos llevamos bien ¿dónde está la necesidad de generar tanta polémica?
Nos preocupan mucho más nuestros mayores, que nosotros mismos no dispongamos de los servicios adecuados”, concluyó Morata, quien alertó de que la actual normativa en Aragón ya está provocando que se ahuyenten iniciativas privadas por no haberse estudiado suficientemente el impacto de la realidad de la Comunidad Autónoma, sabiendo ver a futuro que se avecina una población envejecida, necesitada de cuidados. “Debemos tener una ley de ordenación de nuestras entidades pensando en el usuario final, pero también en el que dispensa el servicio”.
