Representantes del sector de la dependencia de todas las regiones de España comienzan a trazar un programa para luchar contra las 19 ‘Leyes de Dependencia’ y los dos tipos de IVA que actualmente se aplican
Representantes de todas las comunidades autónomas se encuentran reunidos en Zaragoza para analizar las diferentes realidades que viven los ciudadanos dependiendo de su lugar de residencia. Un primer encuentro con el que “queremos elaborar un documento que marque las líneas rojas que nunca se deben traspasar para la garantizar la calidad y la atención y que unifique criterios”, explica Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas.
La reunión organizada por el CEAPs y a la que han acudido miembros de las organizaciones regionales que forman parte de la entidad de toda España, reúne físicamente por primera vez tras la pandemia al sector y ha permitido comprobar que siguen las deficiencias en el sector y que existen “diferencias muy significativas” que achaca a que en realidad hay “19 leyes” diferentes, 16 de las Comunidades Autónomas (y las Ciudades Autónomas) y 3 de los territorios históricos del País Vasco.
Una realidad que, según Pascual, está marcada por la disparidad de la financiación y de los conciertos públicos, por ejemplo, en plazas residenciales, con una balanza que oscila entre los 1.450 euros y los 2.900 euros al mes. “Algo que impide garantizar que los ciudadanos tengan los mismos servicios y la misma calidad de la atención”.
Para ello, durante las sesiones de trabajo han decidido elaborar un informe y trazar un plan que siente los criterios básicos de acceso y atención a los Servicios y que imponga unos “mínimos”, tal y como expresaba Pascual.
NUEVO INFORME: Para poder conocer cuál es el coste real de ofrecer un servicio y ver la viabilidad del Sistema para lograr adaptar a los modelos centrados en la persona, CEAPs ha comenzado en este encuentro a recopilar y analizar los datos pormenorizados de todas las regiones que se recogerán en un informe que se presentará en los próximos meses y que pretende ser el punto de partida para encontrar el camino para que se alcance la igualdad de Derechos y se garantice la calidad y la atención por “dignidad y justicia social”.
Por otro lado, Pascual destacaba la disparidad de la financiación y de los conciertos públicos, por ejemplo, en plazas residenciales, con una balanza que oscila entre los 1.450 euros y los 2.900 euros al mes. “Algo que impide garantizar que los ciudadanos tengan los mismos servicios y la misma calidad de la atención”.
Con este informe se pretende seguir actuando y trabajando en los nuevos modelos de atención en los que el sector lleva invirtiendo investigación, recursos e innovación desde hace diez años. Un modelo que tiene al ‘proyecto de vida’ como garante del Derecho de promoción de la autonomía personal de los usuarios. “Las personas que estamos dentro de una residencia, una empresa de Ayuda a Domicilio, de Teleasistencia o Centro de Día vemos cómo las necesidades de los usuarios cambian y nos vamos adaptando a ellos. Pero no podemos hacerlo solos, necesitamos que haya un respaldo institucional, legislativo y social que tenga en cuenta que el interés último siempre es garantizar la mejor atención a las personas en el momento en el que más recursos y apoyo requieren”, explica Pascual.
“Hay que dignificar al sector, a los profesionales, y equiparar los servicios y la atención. Ahora es el momento de hacerlo”, puntualizaba la presidenta de CEAPs.
REALIDAD: Los déficits comienzan en el desconocimiento de la Ley de Dependencia que los posibles beneficiarios tienen de la Norma. Por ello desde CEAPs piden que se realicen campañas públicas en las que se permita a los beneficiarios conocer los derechos que poseen. “Esta realidad hace que muchas personas lleguen a las residencias en situaciones de Dependencia Severa que podrían haberse evitado accediendo a recursos sociales como los centros de día, la teleasistencia o SAD y vivir con mayor calidad de vida en sus propios domicilios”, explica la presidenta de CEAPs.
El segundo escollo se encuentra cuando una vez que “incluso la propia residencia gestiona la aplicación de la Norma el proceso de reconocimiento y obtención de los derechos lleva a una media de 430 días”. Un proceso en el que se produce una de las más graves desigualdades en toda España. Así lo exponía Cinta Pascual, en representación de todos los asistentes: “aquellas personas en el limbo que no pueden esperar a que se les asigne el servicio y deben buscarlo de manera privada, además de asumir el pago íntegro del servicio, sin la ayuda pública a la que tienen derecho, han de pagar un 6% más de IVA porque la Ley de IVA establece tipos diferentes según quién pague el servicio. No podemos seguir manteniendo estas diferencias. El Estado debe tomar medidas”.
A esto Pascual Montañés añadida que “hay quienes no pueden acceder a los servicios de manera privada porque no tienen recursos, pero sí derechos recogidos por Ley. Se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Algo en lo que coincidimos todos los territorios, por ello exigimos que se pongan en marcha mecanismos que ofrezcan los servicios de manera inmediata para que nadie se quede sin los apoyos que precisa”.
